Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia divulga contenido de comunicaciones interceptadas por Ejército sobre caso Ayotzinapa

Las conversaciones reveladas forman parte del compromiso del gobierno federal de transparentar la información a siete años de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa

Eduardo Rivas

La llamada Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa dio a conocer el pasado viernes 1 de octubre dos documentos que contienen conversaciones entre elementos policiales de la zona e integrantes del grupo del crimen organizado “Guerreros Unidos”. A pesar de que el objetivo de las revelaciones sería transparentar la información, organizaciones civiles como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) han señalado que el ejército no debería tener esas capacidades de monitoreo.

La comisión, creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador mediante un decreto a solo días de asumir el cargo como jefe de Estado, expresó mediante un comunicado que revelaba la información obtenida por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por instrucciones directas de López Obrador.

Según esta información, las conversaciones tuvieron lugar entre el 24 de septiembre y el 4 de octubre de 2014 e involucraban a Francisco Salgado Valladares, segundo comandante de la policía municipal de Iguala, una persona identificada solamente como “Ramón” que presuntamente pertenecería a la policía de Tepecoacuilco, Felipe Flores Vázquez, director de Seguridad Pública municipal y el presunto líder de “Guerreros Unidos” en Iguala y ahora testigo protegido de la Fiscalía General de la República, Gilberto, el Gil, además de Alejandro Palacios, el Cholo, perteneciente al grupo criminal en Huitzuco.

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En las conversaciones, los involucrados describen tener “varios detenidos” a los que llevarán en un autobús e indicando que preparen camas en un lugar no especificado al que se refieren como “la cueva”, a la vez que afirman que declararán no haber realizado ninguna detención. En la segunda comunicación los delincuentes parecen expresar preocupación por el descubrimiento de una fosa común presuntamente utilizada por el Gil.

A pesar de todo, el anuncio fue opacado por las críticas de organizaciones de la sociedad civil como R3D quienes afirman que “la comisión no aclaró el uso que le dio la institución a las intervenciones, por qué las llevó a cabo, durante cuánto tiempo, cuántas realizaron y bajo qué marco legal”, en un contexto en que este tipo de invasiones a la privacidad han estado en el ojo público por el caso Pegasus.

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, o “Centro Prodh”, compartió un mensaje en su cuenta de Twitter en el que aseguró: “Es riesgoso que se difunda así información sobre una investigación en curso, pues puede comprometer el éxito de la misma”, y de nueva cuenta criticaron la obtención de la información que, según la propia comisión, data de 2014 y apenas fue transparentada a pesar de que se les fue ordenado entregar todo lo relacionado al caso en 2018 tras la creación de la comisión.

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“Ante la posibilidad de que se trate de intervenciones ilegales de comunicación llevadas a cabo por el Ejército, se debe aclarar cabalmente el origen de las mismas”, declaró la organización, mientras que R3D afirmó: “Aunque existen versiones de que estas escuchas fueron llevadas a cabo con la autorización de un juez, eso es jurídicamente imposible, ya que el Ejército carece de facultades legales para la intervención de comunicaciones”.

Finalmente, R3D recordó el compromiso hecho por el presidente López Obrador en agosto del presente año, de informar sobre el equipo de inteligencia que poseen las fuerzas armadas, compromiso que hasta el día de hoy no se ha cumplido además de que la Sedena no ha hecho públicos los contratos suscritos en razón del malware espía Pegasus suscritos durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.