INAI ordena entregar versión pública de contratos de drones para monitorear vaquitas marinas

El contrato se encontraba, según la Semar, reservado durante cinco años por razones de seguridad nacional

Eduardo Rivas

A raíz de que la Secretaría de Marina (Semar) declarara como reservada la información de un contrato por el cual se adquirieron vehículos aéreos no tripulados Arcturus T-20 solicitada por un ciudadano, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó en su sesión plenaria que se hiciera una versión pública del contrato.

El contrato entre la Semar y la empresa Arcturus UAV LLC consistió en la compra de los mencionados vehículos aéreos no tripulados y se usarían para la vigilancia de la vaquita marina, especie en peligro de extinción que ha sido muy popular últimamente en especial por la atención que ha recibido del actor estadounidense Leonardo DiCaprio incluyendo las críticas que lanzó contra el gobierno a principios del mes pasado por la decisión de éste de levantar el veto a la pesca en su hábitat.

Según informó el INAI, un particular emitió una solicitud mediante la Plataforma Nacional de Transparencia en la que pedía datos de los contratos como el número de aeronaves que se compraron, los modelos, los detalles de la utilización de las mismas, el marco legal y copias públicas de todos los documentos de licitación pública o adquisición directa, los contratos y las facturas de los pagos.

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Ante esto, el jefe de la Unidad de Transparencia de la Semar, Almirante Secretario Luis Lázaro Cornejo Olivares, emitió su respuesta  a algunas de las preguntas del solicitante, entre ellas que fueron tres las aeronaves adquiridas, de los modelos T-200, JUMP-20 y SPARTAAM. 

Por otro lado, se informó también que “el Comité de Transparencia de la Secretaría de Marina clasificó como reservados por un periodo de cinco años los contratos de adquisición de aeronaves no tripuladas” bajo el argumento de que dar a conocer la información podría comprometer la seguridad nacional, además de poner en riesgo la vida, seguridad o salud de personas físicas.

Debido a que la respuesta de la Semar no satisfizo al solicitante, éste presentó un recurso de revisión ante el INAI que fue revisado por el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas quien, en la sesión plenaria del 14 de septiembre del instituto, detalló: “hicimos un requerimiento de información y verificamos que el personal que suscribió el contrato por parte de la Marina cumplía funciones administrativas, no operativas, que los pueda poner en riesgo, en términos de lo que ahora también la Marina hace, que tiene que ver con las actividades que realizan de vigilancia y de participación en las tareas de seguridad pública”.

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Debido a esto, se determinó que la clasificación dada al contrato no puede aplicarse a todo el documento “sino a datos específicos como la nacionalidad y domicilio de las personas físicas: socios o accionistas; el porcentaje de acciones de cada uno; las aportaciones de los socios en el capital social; el valor atribuido a éstos y el criterio seguido para su valorización; así como el domicilio, teléfono y correo electrónico del representante legal y proveedor”.

Finalmente el pleno determinó ordenar a la SEMAR que entregue una versión pública del contrato, debe incluir los datos ya mencionados; el comisionado Acuña Llamas declaró: “En este país en los últimos tres años se ha señalado que todas las adquisiciones del pasado se realizaron con algún tipo de vicio o falta de probidad, por ello (…) es importantísima la clarificación, cada vez que se pueda, hasta donde aguante la liga, estirar lo más posible”.