INAI ordena a la Guardia Nacional hacer públicos reportes con casos de uso de fuerza

El pleno del instituto de transparencia modificó la negativa de la Guardia Nacional de reservar la información a raíz de la solicitud de un particular que data de mayo del presente año

Eduardo Rivas

El Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) durante su sesión plenaria del pasado 1 de septiembre ordenó a la Guardia Nacional (GN) entregar la versión pública de los reportes que contienen los detalles particulares en los casos de uso de fuerza que ha generado la institución entre mayo de 2019 y marzo de 2021.

El fallo del organismo fue resultado de la queja de un ciudadano ante el INAI luego de haber solicitado los datos directamente a la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la GN, misma de la que recibió una respuesta negativa, debido a que la información en cuestión había sido reservada durante cinco años, porque  “facilitar los reportes pormenorizados aportaría datos sensibles que podrían estar relacionados con puestas a disposición e informes policiales homologados, pudiendo afectar la adecuada investigación de hechos que la ley señala como delitos, a través de la cual se buscan elementos para vincular a proceso a alguna persona que esté involucrada… podría poner en riesgo la vida, así como la seguridad de los miembros de esta institución y se estaría vulnerando el desempeño de las funciones encaminadas a la preservación del orden y la paz públicos”.

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El Comité de Transparencia de la Guardia Nacional adjuntó en la respuesta un segundo documento en el que ratificó la resolución de la Unidad.

Ante la negativa, el solicitante presentó un recurso ante el INAI, el cual fue procesado por el comisionado Adrián Alcalá Méndez, quien señaló que los reportes de uso de fuerza se adjuntan a los reportes policiales íntegros que se entregan al Ministerio Público pero también forman parte del expediente de los agentes y es posible extraerlos de ahí sin poner en peligro ni las investigaciones ni la integridad de los involucrados.

La conclusión entonces fue que la reserva de los datos no es procedente de manera íntegra, como lo reservó la Guardia ya que, si bien sí existen elementos que pueden resultar sensibles como se expresó, hay otros que pueden y deben darse a conocer con apego a ley, y propuso que se revelen versiones públicas de los archivos que deben contener “como mínimo, el nombre, adscripción, datos de identificación del agente, así como el nivel de fuerza utilizado, las circunstancias de tiempo, modo, lugar de los hechos y las razones que motivaron la decisión del agente de emplear dicho nivel de fuerza, entre otros datos, en caso de haber utilizado armas letales”.

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El comisionado también declaró al respecto del caso que “tiene una especial relevancia porque expone la doble dimensión del derecho de acceso a la información, ya que, por un lado, permite a la ciudadanía acceder a la información respecto de uno de los controles del uso de la fuerza que existen en nuestro país y, por otra parte, permite también evaluar si las acciones de determinada institución de seguridad pública se apegan a los principios legales nacionales e internacionales”.