Gobierno de China emite nuevos lineamientos para el uso de tecnología de reconocimiento facial

Las nuevas guías de acción están dirigidas a proteger los llamados “derechos de personalidad” y la privacidad de las personas

Eduardo Rivas

El gobierno de China a través de la Suprema Corte Popular emitió un documento el pasado 25 de agosto que contiene las nuevas directrices para el uso de la tecnología de reconocimiento facial con la intención de “proteger la identidad de las personas y su privacidad”.

Según información de la Suprema Corte Popular de la República Popular de China:  “Las tiendas que instalen sistemas de escaneo facial para recopilar datos de los consumidores sin obtener su permiso y los operadores de software que obliguen a los usuarios a dar su información facial violarán los derechos de personalidad de las personas”.

Los llamados “derechos de personalidad” a los que se refiere consisten en el nombre, domicilio, estado civil y patrimonio de una persona, “constituyen el patrimonio moral o afectivo de las personas físicas. Son inalienables, imprescriptibles e irrenunciables, y gozan de ellos también la persona jurídica colectiva en lo que sea compatible con su naturaleza”, de acuerdo con el sitio de información jurídica vLex.

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La tecnología de reconocimiento facial se ha vuelto común en los sistemas de transporte público y para seguridad, pero según Yang Wanming, vicepresidente del tribunal superior, “también ha hecho que algunas personas se preocupen por su privacidad o incluso dañen sus derechos de personalidad debido a su abuso”.

También se señala que algunas aplicaciones para teléfonos celulares exigen a sus usuarios que entreguen estos datos y de no hacerlo niegan sus servicios, incluso los servicios de seguridad en edificios que usan estos sistemas para confirmar la identidad de los habitantes. Pero, según la Suprema Corte China, ahora deberán encontrar nuevas formas de llevar a cabo estas tareas, es decir, todo lo que involucre esta tecnología deberá alinearse a las medidas del instituto.

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Los cambios provienen de la reinterpretación judicial de 16 artículos y está dirigida a los jueces para su uso en casos civiles y que los tribunales deberán considerar de manera prioritaria la protección de la información personal en estos casos los cuales han llegado a  1,14 millones de quejas relacionadas con los derechos de personalidad entre julio de 2010 y noviembre de 2020.