4T contrató empresa señalada como parte de la red Pegasus

A pesar de que fue el mismo gobierno quien señaló a la empresa por su participación en los pagos multimillonarios por el malware espía, se volvieron a contratar sus servicios

Eduardo Rivas

Hace unos meses, por medio de las conferencias mañaneras del presidente López Obrador, los titulares de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, denunciaron la denominada “red Pegasus” que consistente de 12 empresas fantasma acusadas de participar en lavado de dinero junto con Grupo Tech Bull SA de CV, empresa que vendió el malware al gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto. Pero, ¿qué ha pasado ahora con esta red? 

Animal Político informó que el Instituto Nacional de Migración (INM) otorgó un contrato por adjudicación directa a Comercializadora Antsua SA de CV, compañía que fue señalada por el propio gobierno de figurar entre las compañías fantasma involucradas en el caso Pegasus —este sería el primer contrato del que se sepa que es firmado con la red Pegasus durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador—.

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Incluso el 28 de julio, tanto la UIF como la SSPC informaron que Comercializadora Antsua SA de CV simuló un contrato de venta de medicamentos para el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) en 2018, destinados a las cárceles federales, pero supuestamente la empresa ni siquiera comerciaba con medicamentos.

Por otro lado, el contrato CS/INM/136/2019 adjudicado por el INM fue firmado en diciembre del 2019, entrado el actual gobierno, a pesar de las declaraciones de los titulares de la UIF y la SSPC de que “ninguna institución de la actual administración tiene relación con las razones sociales denunciadas”. Según el medio, este contrato tuvo un valor de 112.9 millones de pesos destinados al arrendamiento y soporte técnico de equipo de cómputo.

El INM no adjudicó este contrato a la compañía de la “red Pegasus”, sino que también lo reservó durante cinco años para que no se conociera su contenido, debido a riesgo de seguridad nacional.

La investigación señaló a Marco Antonio Suárez Cedillo como el apoderado legal de la empresa quien también figuró como representante de otras empresas fachada de Grupo Tech Bull y encontró que a pesar de que aseguran tener oficinas en Polanco, su dirección física se determinó en una casa de dos pisos de la calle Mayas número 28, en la popular colonia Acueducto Tenayuca, Tlalnepantla, Estado de México.

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Finalmente, el medio reportó que detectaron otro contrato gubernamental con Antsua, esta vez no federal, sino emitido por el gobierno de Oaxaca “para la adquisición de uniformes para las instituciones de seguridad del estado y los municipios”. Este contrato fue producto de una licitación pública en la que participaron seis proveedores y fue seleccionada la empresa en cuestión.

El reportaje indicó que “la contraloría aseguró que el proveedor cumplió con los servicios contratados –aunque no ofreció pruebas de ello–, por lo que descartó el inicio de alguna indagatoria de responsabilidades administrativas”.