Hasta cuatro años de cárcel por violar nueva ley de telecomunicaciones en Cuba

El gobierno de la República de Cuba publicó una ley de telecomunicaciones para regular el Internet y a las empresas que lo proveen, la cual generó reacciones negativas entre algunos sectores de la población y la opinión internacional

Alejandro Wong García

A un mes de la erupción de las protestas de ciudadanos cubanos en contra del gobierno por las condiciones de la población por la crisis del Covid-19, el gobierno de Miguel Díaz-Canel propuso una legislación que otorga mayor control al Estado sobre el uso del Internet en la isla.

El Consejo de Estado de Cuba publicó el Decreto-Ley 35/2021, que amplía el control estatal sobre las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación, así como el espectro radioeléctrico. Ahora el Ministerio de Comunicaciones será el organismo encargado de los usos y servicios públicos que proveen estas funciones. Con esta legislación, el Estado intentará hacer un control minucioso dentro de todo lo que sucede en el espacio digital cubano. 

“El Estado cubano tiene el derecho irrenunciable y soberano de regular las telecomunicaciones y las tecnologías de la información y la comunicación, las cuales desempeñan un papel significativo en el desarrollo político, económico y social de nuestro país y constituyen un medio efectivo para la consolidación de las conquistas del socialismo y el bienestar de la población cubana”, se lee en la primer página del texto.

De acuerdo con Cibercuba, el Decreto Ley 35 de “las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y del Uso del Espectro Radioeléctrico” fue aprobado en abril de este año pero su contenido no fue público hasta este martes 17 de agosto de 2021.

Detalles de la ley 

En el artículo 10 de la sección primera se especifica que los servicios públicos de telecomunicaciones serán prestados por el gobierno o por quien éste delegue para satisfacer las necesidades de la población, pero el Estado —especifica el informe— es el único que tiene el poder completo de determinar a los proveedores de Internet y telefonía. 

El decreto define, dentro del artículo 15 de la segunda sección, una serie de obligaciones que deben cumplir los usuarios de Internet, entre ellas: evitar que los servicios se utilicen contra la seguridad del Estado y el orden interior para transmitir “informes o noticias falsas”, en acciones que “afecten o perjudiquen a terceros y como medio para cometer actos ilícitos”.

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Este apartado también dice que los que utilizan el servicio deben abstenerse de realizar acciones o transmisiones de “información ofensiva o lesiva a la dignidad humana de contenido sexual o discriminatorio; generadora de acoso que afecte la intimidad personal y familiar, la propia imagen y voz, la identidad, integridad y el honor de la persona, la seguridad colectiva, el bienestar general, la moralidad pública y el respeto al orden público”. Estas faltas a la legislación son tomadas por el órgano rector como de “alta” peligrosidad, lo que amerita una sanción de 1 a 4 años de cárcel. 

¿A qué se refieren con máxima seguridad?

El capítulo tercero del “Reglamento Sobre el Modelo de Actuación Nacional Para la Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad” considera de “máxima seguridad el nivel en el que prevalecen informaciones y servicios relacionados con objetivos estratégicos de la defensa, políticos, económicos, científico-técnicos y sociales, y que su divulgación o conocimiento no autorizado, o su alteración o insuficiente disponibilidad, puedan producir o produzcan daños excepcionalmente graves”.

De acuerdo con el capítulo segundo de la octava sección, el Consejo de Estado o el Consejo de Defensa Nacional, pueden implementar medidas especiales, tanto nacionales como en regiones específicas, para el manejo del espectro radioeléctrico, en los casos siguientes:

“Situaciones excepcionales,  maniobras militares, situaciones de espionaje radioelectrónico del ‘enemigo’ y otras circunstancias vinculadas a la Seguridad y la Defensa nacionales” es decir, pueden interrumpir o regular las herramientas de internet según lo determinen en caso de que sientan que el estado está siendo amenazado por cualquiera que atente contra la  “revolución”. 

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¿Qué se determina como Ciberterrorismo?

La legislación clasifica de ciberterrorismo, dentro del anexo segundo, a las acciones mediante el uso de las tecnologías de comunicación “cuya finalidad es subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas y de masas, las estructuras económicas y sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Alterar gravemente la paz pública. Desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional. Provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella”. 

Los actos clasificados dentro de este apartado son considerados de “muy alta” peligrosidad para los intereses del Estado, por lo que las penas a quienes los ejerzan van más allá de los ocho años de cárcel, así como las acciones que tienen el objetivo de “tender a alterar el orden público o promover la indisciplina social”. 

Con la misma gravedad se clasifican a cualquier “acción que resulta contraria a la verdad y a la rectitud que perjudica a personas e instituciones del Estado”, las cuales son tomadas por las autoridades como “fraude”.

El artículo 53 dice que “los ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior pueden acordar con los operadores o proveedores públicos de telecomunicaciones sus propias particularidades sobre el servicio a que se refiere el reglamento”.  

Dentro de la legislación hay artículos que generaron reacciones negativas en la opinión pública a través de las redes sociales, han manifestado su descontento ante la publicación de esta nueva regulación, a la cual acusan de ser un artefacto para que el Estado cubano genere represión social. 

Reacciones ante la publicación de la ley

Uno de los primeros personajes públicos en alzar la voz fue el embajador de Reino Unido en Cuba, el doctor Antony Stokes, quien dijo a través de un tuit: “El hostigamiento, las detenciones contra manifestantes pacíficos, los juicios sin el debido proceso y la censura encarnada hoy por el #DecretoLey35 silencian voces legítimas y violan convenciones internacionales”.

En un hilo de Twitter, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Internacional de Derechos Humanos manifestó su preocupación por esta nueva normatividad, la cual podría tener disposiciones contrarias a los estándares interamericanos sobre libertad de expresión. 

También declararon que “las regulaciones de Internet deben proteger su naturaleza abierta, plural y descentralizada, y promover la búsqueda y difusión de informaciones e ideas de toda índole, no solo de aquellas que obedezcan al interés nacional”. 

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Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo en una entrevista con el periodista Mario Pentón de América TV que “este marco legal podría representar la imposibilidad del pueblo cubano de utilizar las redes sociales como herramientas de información, difusión y organización para el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, al acceso a la información y de asamblea pacífica”. 

La congresista estadounidense, representante de Florida, María Elvira Salazar, dijo, a través de un video compartido en redes sociales, que el decreto 35 es una “ley mordaza” para acallar a los ciudadanos que buscan libertad. También pidió a los militares unirse al pueblo de Cuba en sus exigencias, ya que el régimen pretende criminalizar a las personas que se manifiestan a través de redes sociales. 

José Manuel Vivanco, director ejecutivo de la división americana de Human Rights Watch, declaró: “El régimen cubano restringe aún más el Internet: Hoy publicó varias normas que permiten interrumpir el Internet cuando se publique información que el gobierno considere ‘falsa’ y tratan la divulgación de noticias que dañen el ‘prestigio’ del país ‘como casos de ciberseguridad’”. 

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE.UU. también se manifestó en contra de la imposición de la nueva legislación en materia de telecomunicaciones declarando que esto fue un “claro intento posterior a la protesta de silenciar al pueblo cubano”, además destacaron que “las autoridades cubanas deben respetar la clara voluntad del pueblo cubano de hablar con su propia voz, no castigar a quienes dicen la verdad”.

Quejas de los cubanos

Comentarios de Cubanos

A través de Twitter ciudadanos cubanos se manifiestan en contra de la situación que se vive en la isla, la cual ha sido agravada por la crisis del coronavirus. La gente se queja de los cortes a la electricidad de los hospitales, los cuales han sido denunciados a través de las redes sociales.

Comentarios de Cubanos
Comentarios de Cubanos

Ciudadanos creen que esta herramienta legislativa servirá para acallar las voces de quienes denuncian actos de violaciones de derechos humanos por parte de los organismos policiales y militares: usuarios han dicho que el gobierno castrista desapareció y encarceló personas injustamente. 

Comentarios de Cubanos
Comentarios de Cubanos

Dentro de la red social creada por Jack Dorsey, también se han quejado de la persecución por parte de simpatizantes del gobierno cubano, quienes intentan hacer quedar a los detractores como mentirosos. 

Comentarios de Cubanos

¿Qué pasó en Cuba? 

Durante las protestas del 11 de julio, las redes sociales fueron la única herramienta para que el pueblo cubano hiciera saber al mundo entero lo que sucedía; de acuerdo con lo reportado por ellos, oficiales gubernamentales hicieron cortes a la electricidad y al Internet posterior a las protestas, que fueron detenidas por autoridades policiales y militares. 

Un reporte de NetBlocks, la firma especializada en el monitoreo de las actividades de Internet, confirmó la restricción de las redes sociales y aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Facebook, Instagram y Telegram por parte del gobierno cubano, en medio de las intensas protestas por las condiciones que está enfrentando la población ante el agravamiento de la crisis por el coronavirus. 

El análisis demostró que a partir del 12 de julio de 2021, la Empresa Estatal de Telecomunicaciones de Cuba SA (ETECSA) y Cuba Cell, la red celular operada por la única empresa de telecomunicaciones de Cuba, interrumpieron los servicios de telecomunicación, lo que limitó el flujo de información desde el país.