INAI ordena a FGR revelar información sobre delitos de enriquecimiento ilícito desde 2012

La Fiscalía General de la República habría negado la solicitud argumentando que la consulta no era específica y que no estaba obligada a presentar la información seccionada

Eduardo Rivas

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) emitió un comunicado en el que informó la decisión que tomó el Pleno de revocar la respuesta de la Fiscalía General de la República (FGR) a una solicitud de información, presentada por un ciudadano, sobre causas penales del delito de enriquecimiento ilícito.

La solicitud consistía en conocer “las causas penales del delito de enriquecimiento ilícito del 1 de enero de 2012 al 1 de marzo de 2021”. Asimismo, se especificó que la información fuera seccionada por “año, entidad federativa, número de causa penal, nombre del juzgado o tribunal y la entidad federativa donde está este [sic], sentido de la sentencia, en qué consistió la sentencia y el nombre del sentenciado, así como la dependencia y cargo de servidor público que tenía”.

Debido a que el solicitante no especificó detalles sobre un caso en particular del que requiriera la información, la respuesta inicial de la FGR fue señalar que “tras realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en sus archivos físicos y electrónicos, no les fue posible localizar expresión documental que contenga la información que reúna las características referidas en su solicitud”.

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La fiscalía también argumentó que no podían entregar la información ya que “no se desprende obligación alguna para contar con la citada información [sic]”, además de referir al solicitante ante el Poder Judicial de la Federación, con el argumento de que eran sus órganos jurisdiccionales quienes podrían facilitar información de casos particulares basándose en el número de causa penal, presuntamente bajo el supuesto de que el solicitante estaría en búsqueda de información de un único caso.

Al respecto, la FGR presentó ante el INAI un recurso de revisión, para solicitar intercesión por su declaratoria de que ellos no estaban obligados a contar con la información; hoy, durante su sesión plenaria, el instituto de transparencia declaró que “no es posible validar la inexistencia de la información, pues en un inicio no se turnó la solicitud a todas las unidades competentes”.

Ante esto, la FGR se vió obligada a alterar su respuesta inicial y entregar, mediante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), un cuadro con los datos del año, juzgado, entidad federativa, sentido de la sentencia y persona sentenciada, de 2013 a 2019, pero manteniendo confidencial el nombre de la persona sentenciada de un asunto de 2016. El resto de la información perteneciente a los años 2019 en adelante fue entregado por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, debido a que inició operaciones en ese año.

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Ante los datos restantes que la FGR consideraba como confidenciales, presuntamente para respetar el derecho de los acusados a la presunción de inocencia, el INAI ordenó se “proporcione al solicitante la información entregada al instituto en la etapa de alegatos, así como el nombre, la institución a la que pertenecía y el cargo de la persona servidora pública que cuenta con una sentencia condenatoria firme”, esto debido a que al tener la condena derivada del debido proceso ya no se vulnerarían sus derechos.

Finalmente, la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, responsable de la ponencia del caso, declaró: “Para prevenir, identificar y, en su caso, sancionar este delito, así como los actos de corrupción en los que pudieran incurrir las y los servidores públicos, es fundamental garantizar la máxima publicidad de la información, pues ello nos permitirá dimensionar el problema, conocer los avances, detectar o advertir irregularidades y encontrar nuevos enfoques para diseñar políticas públicas más eficientes”.