CIDH y ONU piden al gobierno mexicano investigación y sanción efectiva en caso Pegasus

Eduardo Rivas

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) así como la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) a través de un comunicado reiteraron su llamado a las autoridades mexicanas a investigar las recientes revelaciones sobre el uso del software de espionaje Pegasus en contra de activistas, periodistas y defensores de los derechos humanos.

El malware de origen israelí fue adquirido por el gobierno de México durante la administración del entonces presidente Enrique Peña Nieto. 

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En el comunicado, al que se sumó la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la CIDH, los organismos internacionales recordaron que “es imperativo que los Estados limiten el uso de cualquier tipo de tecnología que pueda tener injerencia en las comunicaciones privadas de acuerdo a estándares internacionales de derechos humanos.” señalaron además que el uso de estas tecnologías debe contar con previa autorización jurídica así como una estrecha vigilancia del estado.

Los organismos también hicieron un llamamiento a las autoridades mexicanas para que las investigaciones sean integrales y se de pronto castigo a los responsables.

“Esta investigación debería incluir la identificación plena de las víctimas de espionaje o intento de espionaje, así como la posibilidad de informarlas de ello.” 

Este posicionamiento marca una clara línea en la política de la ONU ante los abusos de la tecnología de espionaje alrededor del mundo. La Alta Comisionada, Michelle Bachelet, ha declarado que “los gobiernos deberían poner un alto inmediato a su propio uso de las tecnologías de vigilancia que violen derechos humanos y deberían llevar a cabo acciones concretas para proteger la privacidad ante dichas invasiones, regulando la distribución, el uso y la exportación de tecnologías de vigilancia creadas por otros.”

Todos estos llamamientos de la comunidad internacional se derivan de la relevación del diario The Guardian sobre una lista de más de 50 mil números telefónicos que habrían sido blancos de Pegasus incluyendo 15 mil números ubicados en México.

El cumunicado señala que la responsabilidad del uso o abuso de estas tecnologías pertenece a los Estados así como a las empresas que desarrollan los programas, en el caso de Pegasus incluso se ha intentado responsabilizar al gobierno israelí ya que su ministerio de defensa fue uno de los órganos que autorizó la venta del malware fuera del país además de haber sido desarrollado por ex miembros de las fuerzas armadas israelíes.