SCJN detiene Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil

La SCJN aceptó la controversia constitucional promovida por el IFT porque implica una afectación al presupuesto del Instituto

Javier Roldán y Eva Rosete 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó la suspensión solicitada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonías Móviles (PNUTM) con el fin de salvaguardar su autonomía presupuestaria. De esa forma el IFT no está obligado a instalar, operar, regular y mantener el PNUTM, según el acuerdo publicado el 14 de junio por la Ministra Norma Lucía Piña Hernández.

“Se solicita que se declare la invalidez de los artículos 180 Bis en relación con el Tercero Transitorio, 180 Quáter, primer párrafo del Segundo Transitorio, Cuarto Transitorio y Sexto Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril de 2021”, especificó el IFT. 

La ministra aclaró que de aceptar el PNUTM se generaría una afectación irreparable a la IFT y especificó que: «Se busca asegurar provisionalmente la situación jurídica, el derecho o el interés de la parte actora y evitar se le cause un daño irreparable, respetando los principios básicos que rigen la vida política, social o económica del país, además que no se causa un daño mayor a la sociedad en relación con los beneficios que pudiera obtener el solicitante de la medida». 

La ministra explicó que no se podía otorgar la suspensión de los artículos transitorios de la Reforma porque las normas son generales e impersonales y no afectan la autonomía presupuestal del IFT. Asimismo aclaró que la suspensión es inmediata y sin necesidad de otorgar garantía alguna.  

La Cámara de Senadores aprobó la minuta que reforma la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. El proyecto, que se aprobó con 54 votos a favor, 49 en contra y 10 abstenciones, busca frenar los delitos como la extorsión y secuestros que, en muchos casos, se cometen con la utilización de teléfonos celulares.

De acuerdo con el Senado de la República la información proporcionada al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil será confidencial y reservada, además de estar sujeta a lo establecido en las leyes en materia de transparencia y protección de datos.

En este dictamen se establece que los concesionarios de servicios de telecomunicaciones cometerán infracciones cuando registren líneas telefónicas de manera extemporánea, no registren un número, hagan uso indebido de constancias, documentos o medios de identificación, proporcionar información falsa, otorgar información a terceros, acceder al padrón sin autorización previa y finalmente no denunciar irregularidades. 

Las sanciones por hacer caso omiso de estas normas son de entre 15 y 20 mil unidades de medida que es equivalente a 1,792.4 pesos.

Pero, la Red en Defensa de los Derechos Digitales publicó el 17 de febrero del 2021, que la aprobación del padrón facilitará la suplantación de identidad y la realización de llamadas telefónicas, donde las autoridades puedan culpar a personas inocentes por la comisión de delitos y el padrón sería fácil de evadir por la delincuencia porque los delincuentes utilizaran teléfonos registrados para cometer delitos, además el registro de tarjetas SIM no impide delitos como la suplantación de números telefónicos, clonación y duplicación de tarjetas SIM. 

También el padrón violenta los derechos humanos al otorgar de datos personales y datos biométricos porque puede representar un riesgo para la privacidad y seguridad de los ciudadanos. Por otra parte, Las autoridades cuentan con fundamentos jurídicos previamente establecidos en los artículos 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) y 189 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

En los cuales se establecen la localización geográfica en tiempo real, acceso a datos propiedad de los concesionarios, información de datos de prepago, y en el caso de Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) permite realizar investigaciones previas sin requerir de una autorización judicial.